Declaración de derechos de Internet del Senado.

CONCLUSIONES DEL INFORME APROBADO POR LA COMISIÓN DE INTERNET
http://www.internautas.org/documentos/decla_dere.asp

Preámbulo

El desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Información es un hecho que incorpora novedades que transforman de forma sustancial la economía, las relaciones humanas, la cultura y la política en nuestra sociedad. Estamos ante una revolución técnica que significará, está significando ya, un importante cambio social e institucional, rápido en el tiempo y de gran magnitud en sus consecuencias. El ritmo con el que crecen, en los países llamados avanzados y por tanto también en España, los instrumentos de la denominada “Sociedad de la Información” evolucionan en progresión geométrica y es evidente que de su buen desarrollo armónico depende en gran medida nuestro futuro y nuestro papel en el nuevo mundo que se dibuja. Los PIBs
nacionales tienen cada día una relación mayor con este sector.

Todo cambio tecnológico trae consigo nuevas inquietudes, comporta reestructuraciones sociales y anima nuevas perspectivas de progreso y bienestar. También aparecen en el horizonte nuevas preocupaciones tales como desigualdades no conocidas hasta el presente y problemas no
planteados todavía, retos inexistentes hasta ahora que situarán a unas naciones a la vanguardia respecto a otras, renovadas costumbres y hábitos que afectarán a la vida cotidiana de las personas, al mundo del comercio, de las artes y las ciencias. No es exagerado afirmar que las nuevas tecnologías pueden propiciar y conseguir un salto cualitativo hacia delante siempre que seamos capaces de favorecer la generación y el acceso a la información al conjunto de la población para transformarlo en conocimiento acumulado y compartido como fuente de progreso y riqueza colectiva.

Existen riesgos ciertos y problemas que hay que prevenir antes de que ocurran realmente. Es posible que se produzca una nueva dualización entre el Primer y el Tercer Mundo y también una dualización en el seno de las llamadas sociedades “avanzadas”: entre los que tienen capacidad económica para acceder a la información y los que no la tienen, entre los que saben y los que no saben y, entre estos últimos, entre aquellos que no saben por que no quieren o los que no saben por que no pueden o no disponen de los medios necesarios para ello. Una dualización territorial entre aquellos que vivan en zonas que por su situación económica, geográfica y poblacional dispongan de la llamada “banda ancha” y los que tengan que conformarse con el arcaico acceso
a las redes telefónicas rurales.

Pueden producirse nuevos cambios y desajustes en el mundo laboral. El puesto de trabajo tradicional, en el que se entra a la misma hora y se comparte un mismo espacio, tiende a desaparecer. Lo que cuenta es el producto final, no importa desde donde se haga, quién lo haga ni en cuanto tiempo. Las nuevas tecnologías de la información, que pueden significar un paso de gigantes con el fin del trabajo rutinario, corren también el riesgo de convertirse en el principal
instrumento de idiotización global de un nuevo orden en el que sean muy pocos los que controlen y ejecuten proyectos que a todos atañen. El aumento del bienestar colectivo no es posible sin la redistribución de las mejoras incrementales –económicas y laborales- que la aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación puedan suponer. A corto y medio plazo, la destrucción
directa de empleos tradicionales debe verse contrarrestada con alternativas que no reproduzcan los recientes traumas de la crisis que ha sufrido el modelo de sociedad industrial clásica surgida de los siglos XIX y XX.

La rapidez con la que se desarrollan las nuevas tecnologías puede provocar a su vez la aparición de nuevos monopolios. El mercado no siempre acoge como producto final de consumo ni lo mejor, ni lo más útil, ni lo técnicamente más perfeccionado y ni siquiera lo más barato. No todos están en igualdad de condiciones de competencia y son cada vez menos los que están en
disposición de encarar los retos que el mercado demanda.

Las nuevas tecnologías de la información pueden también incidir y plantear problemas políticos y de representatividad en los estados democráticos si la dualización mencionada se consolida. La tecnología de la información, como instrumento de comunicación de masas, representa además un instrumento de poder extraordinario en manos de quien pueda ejercer su control efectivo. Pueden, todavía, añadirse a las dificultades apuntadas una larga lista de posibles
inconvenientes, pero no se trata de eso si no precisamente de lo contrario, de eliminar dificultades.

No se trata de prevenirse contra nuevos avances técnicos, hay que aprovechar hasta el final el potencial que ofrecen en el camino adecuado, el que suponen los usos que van a hacer las personas de estos nuevos instrumentos que deben servir para trabajar más a gusto y de forma más eficaz, para mejorar nuestra calidad de vida, para comunicarnos con más fluidez . La nueva sociedad debe favorecer la generación y el acceso a la información del conjunto de la población.
Es preciso poner el acento en los contenidos, en la información, en un nuevo modelo educativo, en la posibilidad de ejercer la medicina desde nuevas perspectivas, en una innovadora visión de conjunto que permita la visión amplia que soñaron los investigadores de siempre. En definitiva, en las personas.

Las administraciones públicas no pueden desconocer la urgencia del país en estas cuestiones y, por tanto, tienen la obligación inmediata de tomar medidas sobre las mismas. Así lo ha constatado, a través de los expertos comparecientes y los portavoces de los grupos parlamentarios, la Comisión Especial para el Estudio de las Redes Informáticas del Senado. Con todas sus actividades, la Comisión tuvo la aspiración de construir positivas e importantes conclusiones de consenso político para facilitar el uso y acceso a las nuevas tecnologías por parte de la población en general convencida de que Internet debe convertirse en un servicio público
universal. Mientras eso ocurría, se dibujaba incluso como perentoria la necesidad de avanzar en el cumplimiento de aquello que aparece ya como una urgencia en un marco en el que las novedades, oportunidades y evoluciones se miden más por días que por meses o por años.

Las Cortes Generales y las administraciones públicas en general deben ser el garante para que la igualdad de oportunidades y de acceso a los bienes de la información sean una realidad tal como expresa el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía de nuestras nacionalidades y regiones. No se puede esperar de la bondad del mercado, que naturalmente opera desde la óptica del beneficio
empresarial, que la universalización del servicio de comunicaciones empleando las nuevas tecnologías de la información sea una realidad ni a corto, ni a medio ni a largo plazo. El Ministerio de Fomento , la Comisión para la Supervisión del Servicio de Acceso a Información y la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones así lo han reconocido en múltiples declaraciones y documentos.

La universalización del acceso a la información por parte de las ciudadanas y los ciudadanos aparece como una necesidad, un servicio y un derecho que los poderes públicos deben garantizar, auspiciar y proteger. La fuerza imparable en la irrupción y el desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Información, no sólo en España sino en el mundo entero, permite hablar, incluso, de la primera y más rápida revolución tecnológica global. La universalidad del servicio aparece como más urgente, si cabe, entre nuestros niños y niñas, jóvenes y adolescentes que
necesitan de estos elementos para enfrentarse a los nuevos retos y situaciones.

Los problemas técnicos suelen tener soluciones políticas y económicas. La obligación de los legisladores españoles consiste ahora en diseñar los mecanismos para poner al servicio de la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas las ventajas, los avances y los progresos que las nuevas tecnologías de la información ofrecen o pueden ofrecer, más allá de augures y consejeros
interesados y, para ello, no basta con hacer invocaciones optimistas al futuro, abrir puertas donde no son necesarias, ni dibujar proyectos imposibles que el tiempo se encarga de arrinconar.

Es una responsabilidad de los legisladores y del Gobierno central y de los de las Comunidades Autónomas garantizar la igualdad de oportunidades a los ciudadanos y a los territorios del Estado. La cesión de la configuración de redes únicamente al operador y al mercado referidos en razones de carácter mercantil impide que se cumpla el principio de universalidad y de servicio público. Todos los individuos y grupos sociales tienen derecho a disponer de instrumentos para su desarrollo y es aplicable el principio de subsidiariedad, cuando no pueden acceder a tales instrumentos por motivos ajenos a su voluntad de desarrollo humano como la
distancia, la diferencia de renta, discapacidades físicas, densidad de población, predominio del sector agrícola, a los modos de vida rural, entre otros. No es posible dejar a los agentes del mercado las decisiones sobre el tendido y extensión de las redes cuya planificación y ordenamiento
deben corresponder a la Administración Pública. El reto que tienen en la actualidad los poderes legislativo y ejecutivo es el de propiciar un referente legal que sirva para llegar a la regulación; introduzca políticas acordes con el derecho constitucional, con la información, con la garantía del ejercicio de competencia y con la observación del carácter de servicio público que tiene la red.

Esta Comisión no puede concluir sus trabajos sin hacer una llamada para incluir dentro de las políticas de cooperación internacional y ayuda al desarrollo, desarrolladas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Agencia Española de Cooperación Internacional, así como el Ministerio de Economía, por medio de sus Fondos y Créditos de Ayudas al desarrollo, como también la cooperación descentralizada que se efectúa desde los órganos de las Comunidades Autónomas, fórmulas para colaborar con los países emergentes en la aproximación a la disposición, aprendizaje y dominio de las tecnologías informáticas de comunicación; incidiendo en particular en los niveles educativos básicos, técnicos y universitarios. Esta sensibilización por la incorporación de sociedades en vía de desarrollo a las modernas técnicas de información, debe orientarse con preferencia hacia el área latinoamericana y los países del Magreb.

Conscientes de todo ello, sabedores de la importancia capital que para el futuro de nuestro país tiene el correcto desarrollo de los nuevos instrumentos del mundo de la información y la comunicación, plenamente convencidos de que el desarrollo de las nuevas tecnologías requiere de un amplio consenso y protagonismo en las políticas de todos los ámbitos y niveles del Estado, sean cuales fueren sus cometidos; considerando que España no puede volver a cometer errores
que en el pasado significaron décadas de retraso en la implantación de nuevos modelos productivos que implicaron retrasos imperdonables en desarrollo, cultura y bienestar para el conjunto de nuestra sociedad, los miembros de la Comisión, expuestas y acordadas las ideas que preceden, presentan ante el Pleno del Senado para que sean analizadas, debatidas y en su caso aprobadas, las siguientes
 

CONCLUSIONES

I.- Todas las personas tienen el derecho fundamental de acceder libremente a la Red, sin discriminación de sexo, condición, características físico-psíquicas, edad o lugar de residencia.

II.- La libertad es una condición inherente a la Red que no podrá ser restringida por ningún poder público o privado. La libertad debe ser total en cuanto al acceso, la circulación, la información y la comunicación. Las únicas limitaciones posibles son aquellas que vengan delimitadas por la Carta Universal de los Derechos Humanos.

III.- Corresponde a los poderes públicos establecer las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas en la Red sean una realidad, eliminando los obstáculos que impidan el acceso de todos los ciudadanos a tal red y facilitando la participación de todos los españoles.

Los poderes públicos para cumplir tal fin, articularán medios para poner a disposición de todos los ciudadanos la Red, en colaboración con los operadores privados.

IV.- El ordenador personal y el domicilio electrónico son inviolables. Ninguna entrada o registro podrá hacerse sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Se garantizará el secreto de las comunicaciones electrónicas y la privacidad de los datos.

Cualquier actuación relacionada con la actividad informática se atendrá al mandato del artículo 18 de nuestra Constitución.

V.- Es necesaria la exigencia de un sistema público que garantice la seguridad informática, apoyando, además, todas las iniciativas de autorregulación que propicien una Red global efectiva y segura, a la vez que prevengan de aquellos contenidos nocivos para los menores. Se promoverá la creación de códigos éticos y deontológicos, estimulando a que usuarios de la Red y operadores constituyan un organismo representativo en el que se intercambien puntos de vista y se acometan iniciativas para la mejora y difusión positiva del marco de autorregulación.

Las Unidades Operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incrementarán sus dotaciones humanas y técnicas para que puedan realizar una eficaz labor de prevención, seguimiento, control y, en su caso, persecución de Los contenidos y prácticas ilícitas a través de la Red.

Por otra parte se creará una Fiscalía Especial para los Delitos Informáticos.

VI.- Todos los españoles tienen derecho a la educación y a la formación en nuevas tecnologías.

Los poderes públicos desarrollarán planes de alfabetización digital para escolares, jóvenes, mayores y discapacitados, con el objetivo de eliminar las barreras en el aprendizaje y uso de los equipos. Asimismo, promoverán el acceso gratuito a la Red en bibliotecas, centros culturales, cívicos, sanitarios y docentes, tanto en el ámbito urbano como en el medio rural.

Se creará un Distrito Universitario Virtual y Bibliotecas Digitales para que la enseñanza superior y la cultura estén al alcance de los españoles.

Igualmente se establecerá un programa especial para el acceso de las personas discapacitadas a las nuevas tecnologías de la información.

De acuerdo con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales, se incentivará la creación de escuelas de formación permanente que faciliten el acceso y aprendizaje de las nuevas tecnologías de la información a la población en general y muy especialmente de la formación continua del profesorado.

Se establecerá un fondo específico para que instituciones, universidades, empresas y entidades, dediquen esfuerzos a la investigación, el desarrollo y la innovación de las tecnologías.

VII.- Las lenguas y culturas españolas son signos de identidad que nos distinguen y que constituyen un valor añadido de nuestra entrada en el espacio digital. Nuestro idioma es un bien cultural que nos proporciona una ventaja competitiva al interrelacionarnos con la amplísima población mundial de hispanohablantes. Se establecerá un programa para consolidar y aumentar significativamente la implantación de contenidos en español dentro de la Red, incrementando la asignación presupuestaria al Instituto Cervantes, a través del cual también se iniciará un programa de conocimiento y divulgación del gallego, el euskera y el catalán. Asimismo se dedicará especial atención a la comunicación en estos tres idiomas.

VIII.- España participará activamente en las iniciativas de la Unión Europea encaminadas a aunar esfuerzos de difusión, mejora de calidad y rebaja de los precios en la extensión y uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, propiciando un marco común que permita la libre competencia y la universalización del servicio de transmisión de datos.

Los planes de cooperación internacional para el desarrollo de las instituciones del Estado y Comunidades Autónomas incluirán, preferentemente, programas de fomento de tecnologías de la comunicación, en particular en las actuaciones de cooperación con los países del área de Latinoamérica y del Magreb.

La Comisión apoya la propuesta de la Comisión Europea "e-Europa" que será próximamente estudiada en la cumbre de Helsinki.

IX.- La Red ha supuesto una verdadera transformación en el libre comercio, dándole un auténtico sentido a la libre empresa y lo que es más importante, a la iniciativa personal, haciendo que gracias al espíritu emprendedor de las personas éstas puedan ofrecer sus mercancías y productos al mundo entero sin límites geográficos, ni cronológicos, ni de ningún otro tipo. La libertad es tal en el comercio electrónico, que las propias empresas y comerciantes han creado un código ético de comportamiento basado en la buena fe y en la imagen, bien sea suya o de los productos que ofrecen. Asimismo, las actividades informáticas y su interconexión han revolucionado el mundo del empleo, dando oportunidad al desarrollo de puestos de trabajo desde el propio domicilio particular y convirtiendo la Red en una bolsa de trabajo universal que es consecuencia de la conversión del planeta en un monumental mercado de trabajo.

Los poderes públicos fomentarán e incentivarán el acceso de las empresas a la Red, incluidas las ayudas a la instalación de equipos, para que a través del Comercio Electrónico se llegue a una economía más dinámica, competitiva y abierta, generadora de nuevas formas y yacimientos de empleo.

X.- El correcto funcionamiento de la Red, así como su adecuado mantenimiento, exigen el permanente compromiso de las empresas operadoras y la atenta vigilancia por parte de los organismos públicos. Las Cortes Generales serán informadas periódicamente de las incidencias y fallos en la prestación del servicio. Dicho informe será examinado previamente por la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones.

XI.- Las infraestructura de alto ancho de banda y su implantación en todo el territorio nacional son una de las garantías de máximo aprovechamiento de las redes informáticas.

Se potenciará la extensión y consolidación inmediata de la fibra óptica según todos los concursos adjudicados por demarcaciones así como la extensión del cable de la operadora dominante que también tiene la opción de hacerlo una vez transcurrida la moratoria establecida.

Además del fomento de tecnologías como la ADSL se promoverá el acceso a través de la radio en sus diferentes tipos de ondas y, en definitiva, cuantas futuras tecnologías permitan aumentar el ancho de banda y la interactividad del mismo.

Se incentivará la circulación e instalación en España de las grandes redes de trasporte de comunicación a través de fibra óptica con los consiguientes enlaces de alta capacidad y gran rapidez.

XII.- La salvaguarda de los derechos correspondientes a la propiedad intelectual e industrial cobra su importancia como consecuencia de la aparición de tecnologías novedosas a través de las que se crean, construyen, distribuyen y difunden contenidos que son producto de la imaginación y esfuerzo de la persona.

Se divulgarán las leyes y normativas que otorgan garantía y amparo a las obras en formato digital, incorporando asimismo a la legislación española los convenios, tratados y medidas que incrementan tal protección.

Se dotará a la autoridad reguladora de dominios de capacidad para evitar y, en su caso, sancionar, los comportamientos ilegítimos y perjudiciales de quienes pretendan usurparlos con fines objetivamente reprobables.

XIII.- Es necesario potenciar de inmediato un plan de modernización digital de las Administraciones Públicas.

La Red será el vehículo que favorecerá una nueva relación de proximidad de la Administración con los administrados. Estos podrán gestionar directa, rápida y eficazmente sus intereses con una Administración moderna y transparente, que pondrá gratuitamente a disposición de los españoles documentación, resoluciones, legislación y normativas, así como toda aquella información que no vulnere ningún derecho o garantía fundamental.

XIV.- Las Instituciones parlamentarias utilizarán las redes electrónicas para aproximar las relaciones entre representantes y representados, facilitando la participación activa y directa de los españoles en sus actividades y procedimientos.

El Senado creará una Comisión con capacidad legislativa y de control del Gobierno, que velará por el desarrollo, impulso y fomento de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en España".